Una evaluación preventiva ordena expedientes antes de una revisión o visita: declaraciones, contabilidad, contratos, comprobantes, conciliaciones bancarias, inventarios, nómina y evidencia de entrega. El objetivo es localizar brechas y estimar la respuesta documental necesaria.
El equipo identifica periodos, autoridades, actos notificados y vencimientos. Para cada observación distingue entre falta de archivo, diferencia de registro y controversia de interpretación. Si ya existe una orden o requerimiento, primero se verifica su notificación y el plazo; una auditoría preventiva no suspende esos términos.
La entrega puede incluir matriz de riesgos, lista priorizada de documentos y plan de regularización. Las medidas se proponen con base en hechos verificables y disposiciones vigentes; el contribuyente aprueba cualquier presentación o corrección ante la autoridad.
Alcance: información institucional sujeta a propuesta, contrato y revisión de la legislación vigente al atender cada asunto.